Las normas se listan agrupadas temáticamente (véase sumario), luego, teniendo en cuenta, primero, su relevancia (principal y su desarrollo) y, después, su cronología (orden cronológico inverso).

Aquí se recogen selectivamente las que específicamente afectan a los aspectos preventivos de la voz jurídica “La Administración y su propia PRL”, con accesos directos al BOE que permiten consultar disponiendo habitualmente de índice, los textos consolidados y, por tanto, actualizados puntualmente, cuando los mismos hubieren sufrido modificaciones.

Asimismo, al pulsar en los títulos desplegables (en color azul), se incluyen algunos comentarios “De interés” que tienen el objetivo de facilitar la aplicación de los textos legales.

∑ SUMARIO: 1. Normativa general. 2. Normativa específica: 2.1. Particularidades de la AGE en su PRL. 2.2. Sobre el sistema de gestión PRL en AGE. 2.3. Centros y colectivos particulares (2.3.1. Centros penitenciarios y establecimientos militares. 2.3.2. Policía, Seguridad, Protección civil y Defensa del Estado). 3. Obras públicas. 4. Comunidad autónoma andaluza. 5. Disposiciones interesantes de otras CCAA (Asturias).

1. Normativa general

DE INTERÉS...

(1) La Disposición Final Segunda de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, modifica el artículo 3.2 LPRL y añade al mismo texto legal una Disposición Adicional 9ª bis, en atención a lo dictaminado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006, que estableció que las exclusiones subjetivas de la normativa de prevención de riesgos no podían alcanzar a colectivos enteros de trabajadores, laborales o no, sino a actividades concretas de los mismos que por su peculiaridad así lo justificasen (policía, seguridad, resguardo y vigilancia aduaneros, servicios operativos de protección civil y peritaje forense, fuerzas armadas y actividades militares de la guardia civil).

Así, el artículo 2 del R.D. 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado (norma sita en el apartado siguiente), reitera que los colectivos antes excluidos ahora solo lo serían de forma parcial en razón de las características concretas de su trabajo, acogiendo como no podía ser de otra forma las apreciaciones de la antecitada STJCE de 12 de enero de 2006.

La STJCE condena a las costas y falla sobre la deficiente transposición del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE (art. 3 LPRL), por una interpretación estricta de dicha Directiva respecto a estos colectivos y restrictiva de la exclusión formulada en la misma, dictando que:

«En caso de que acontecimientos excepcionales requieran la adopción de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud, así como de la seguridad colectiva, y cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran observarse todas las normas contenidas en la Directiva 89/391, la necesidad de no poner en peligro las imperiosas exigencias de preservación de la seguridad y de la integridad de la colectividad, habida cuenta de las características que revisten algunas actividades específicas, debe prevalecer transitoriamente sobre el objetivo de la citada Directiva, que es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. No obstante, incluso en una situación excepcional de esta índole, el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 89/391 exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas “en la medida de lo posible”».

De esta manera a la Policía Nacional y a los miembros de la Guardia Civil que realicen trabajos que no sean específicos y exclusivos de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de protección civil, se les aplica el propio RD. 67/2010 y la normativa general de PRL, sin perjuicio de que gocen asimismo de regulaciones reglamentarias especiales propias (véase apartado 2. 3 de este repertorio).

Y a la misma conclusión puede llegarse respecto de los servicios operativos de protección civil distintos a la Policía o la Guardia Civil, tales como los servicios de extinción de incendios y peritaje forense, pues aparte de que como funcionarios se le aplique la citada normativa reglamentaria, tan solo en caso de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública estarían excluidos del ámbito de aplicación de la LPRL, cuando concurran además circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el resto de actividades al amparo de la normativa general de prevención de riesgos laborales.

En lo que se refiere al personal militar y miembros de la Guardia Civil al servicio del Ministerio de Defensa, debe tenerse en cuenta la normativa específica militar, sin perjuicio de que salvo las oportunas adaptaciones reglamentarias sea aplicable en lo restante la normativa general de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta que para el personal civil que preste servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar han de tenerse en cuenta «las peculiaridades orgánicas y el régimen vigente de representación del personal en los establecimientos militares» (D. A. 9ª LPRL), lo cual ha requerido sin perjuicio también de aplicarse la normativa general una norma reglamentaria específica aplicable al personal civil, funcionario y laboral, de tales establecimientos, similar a la que ha servido para regular las singularidades de los establecimientos penitenciarios en relación con la seguridad y salud del personal funcionario y laboral de los mismos (ambas normas reglamentarias se comentan y enlazan en el apartado 2. 3).

(2) el artículo 3.1 LPRL recoge unos de los rasgos principales de la LPRL, su universalidad, al decir «1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo…».

(3) constitucionalmente el Estado tiene competencia para elaborar la normativa laboral (no la de ejecución, que corresponde a las CCAA) y además para fijar el régimen estatutario de su propio personal y las bases (tan solo las bases) del régimen estatutario de las entidades públicas no dependientes de la AGE (Administración Autonómica y Local). Por ello la Disposición Adicional 3ª LPRL enumera en un amplio listado los artículos de la LPRL que «constituyen normas básicas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18ª de la CE respecto del «personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas», afectando dicho carácter con mayor amplitud a los capítulo I-III de dicho texto legal, que a los capítulos IV, V y VII.

De los capítulos IV, V y VII queda al arbitrio de las CCAA la determinación de los principales aspectos relativos a la estructura y composición de los órganos que han de proveer del legal asesoramiento preventivo a tales entidades públicas (C.IV LPRL sobre los servicios de PRL), así como los relativos a la Consulta y Participación de dicho personal también, siempre que en el primer caso, cuenten con una organización formal y sobre la base de las funciones que tales servicios deben desarrollar (art. 31 LPRL), y que en materia de consulta y participación, se respeten las competencias y facultades de los representantes sindicales en cuanto a lo que la LPRL establece respecto a los delegados de PRL (pero no necesariamente respecto al comité de SSL, pues los artículos 38 y 39 LPRL no son por tanto de carácter básico).

Las Administraciones autonómica y Locales podrían asimismo designar instituciones propias de asesoramiento y control, al carecer asimismo de la naturaleza de normas básicas las que determinan en materia de seguridad y salud laboral las funciones de organismos nacionales tales como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (art. 8 LPRL), la Inspección de Trabajo y SS (art. 9 LPRL) o la Comisión Nacional de SST (art. 13 LPRL), previendo así la Disposición Transitoria Tercera de la LPRL en su apartado 2. b) que tales funciones podrían ser atribuidas por tales entes territoriales a otro tipo de órganos, como así viene ocurriendo en la mayoría de CCAA con los organismos de asesoramiento y participación institucionales (Andalucía: Decreto 34/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del IAPRL, y Decreto 277/1997, de 9 de diciembre, de creación del CAPRL).

(4) Al final de la antecitada D. T. 3ª se recoge la advertencia o precaución de que en relación con el personal regulado por el derecho administrativo los preceptos no básicos también se aplicarían en caso de que no se dictara por la administración competente una norma reguladora propia y siempre que no lo impida la naturaleza jurídica de cada uno de tales artículos.