REPERTORIO DE “OTRAS LEYES” (+ COMENTARIOS Y ACCESOS).

• RD. Legislativo, 1/1995, 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se refunde y deroga por el anterior.

• ART. 8: Prevención de riesgos laborales…

De interés es el anexo donde figura el Cuadro de Enfermedades Profesionales y la Lista de Trabajos con Riesgo de producirlas en el Régimen Especial Agrario.

Quedan derogadas la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la disposición final primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, así como cuantas otras disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley.

De interés...

La nueva ley contempla la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude para detectarlo y programar y ejecutar actuaciones inspectoras y plantea una mayor participación de las CCAA y los interlocutores sociales [noticia relacionada: http://www.acessla.org/aprobada-la-ley-ordenadora-de-inspeccion-de-trabajo-y-seguridad-social/].

Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal [Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Queda derogado el Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal].

1. Es resultado de la transposición de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»).
2. Art. 3. e): establece que se garantizará por los empresarios la Seguridad y Salud de los trabajadores desplazados (BOE. 30) -en aplicación de la Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre].

Uno. MODIFICA el artículo 6 apartado 1 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales (BOE nº 26), que queda redactado como sigue: «1. Queda suprimido el requisito de la previa autorización para proceder a la apertura de un centro de trabajo o para reanudar o proseguir los trabajos después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia, previsto en el artículo 187.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. En adelante, será suficiente la comunicación de la apertura del centro de trabajo o de la reanudación de los trabajos debidamente documentados y ajustados al Ordenamiento Jurídico, con carácter previo o dentro de los treinta días siguientes a la apertura, a la autoridad laboral competente, quien la pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos previstos en el Convenio 81 de la OIT de 11 de julio de 1947″. El ART. 7.

Dos. AÑADE al Art. 6 de dicho Real Decreto-Ley 1/1986,de 14 de marzo, un Apartado 3, con la siguiente redacción: “3. En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la condición de contratistas con arreglo a la indicada Ley. El promotor deberá velar por el cumplimiento de la obligación impuesta al contratista».

El CAPÍTULO III: DEFINE los agentes de la edificación (entre otros, el promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de la ejecución de la obra, así como a los laboratorios de control de calidad, los suministradores de productos y los propietarios y usuarios). Asimismo la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA: ESTABLECE que el coordinador de Seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra deberá tener como titulación académica y profesional habilitante la de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico].

Capítulo IV. Situación sanitaria específica en el ámbito de la salud laboral: Acciones.

Derogado en...

la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, deroga el artículo 19.1, así como los artículos 21 y 22 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad].

Capítulo I. Seguridad Industrial.

De acuerdo con lo establecido en la Directiva del Consejo 83/189/CEE y en la Ley de Industria a la cual desarrolla, este decreto se centra en adaptar la regulación de la actividad industrial en España a la derivada de nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la constitución del Mercado Interior, de manera que:

a) regulariza las funciones fundamentales que desempeñan los organismos nacionales de normalización (AENOR en España), tales como la posibilidad de obtener proyectos de normas europeas, conocer el curso dado a los comentarios presentados a ellos, participar si ha lugar en los trabajos de normalización nacionales o solicitar la elaboración de normas europeas en lugar de normas nacionales, absteniéndose incluso de dictar normas nacionales en beneficio de la armonización europea,

b) establece un conjunto de herramientas que desarrolla una política europea en materia de «evaluación de la conformidad», que se materializó en la Resolución del Consejo de fecha 21 de diciembre de 1989, comúnmente conocida como «enfoque global» (Ello conduce y obliga a la necesidad de ordenar las infraestructuras de la seguridad y calidad industriales de forma inseparable y coordinada),

c) de acuerdo con los criterios de la Comisión Europea reflejados en el documento «Principios de la acreditación en Europa» fija el requisito básico de previa acreditación (por ENAC aquí) para las entidades y organismos que voluntariamente conforman la infraestructura acreditable para la calidad, es decir, para las entidades de certificación, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y entidades auditoras y de inspección,

d) recoge conforme al Reglamento CEE 1836/93, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, la figura de los verificadores medioambientales acreditados, como agente de validación y de seguimiento de las declaraciones medioambientales que realicen las industrias que se adhieran a dicho sistema.

Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado como sigue (en atinencia a la responsabilidad de tales personas jurídicas, que ahora queda bien definida, de mantener un sistema de prevención e integrar la materia, que en lo que a la preventiva se refiere apunta a la necesidad de mantener vigente y eficaz la aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, gestionado a través de evaluación de riesgos y correspondiente planificación de la acción preventiva). También son de interés complementario los artículos 31 ter-quinquies):

En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administracion ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición.

El artículo 142.k) tipifica como infracción leve, grave o muy grave el “exceso en los tiempos máximos de conducción permitidos”.